La formación de los juristas en las Facultades de Derecho tradicionalmente se ha centrado en un amplio estudio del Derecho material, complementado con algunos cursos de Derecho procesal en los que el protagonista casi exclusivo ha sido —y en muchos casos sigue siendo— el proceso jurisdiccional. Un valioso instrumento que, a pesar de su indiscutible relevancia constitucional, prácticamente en todos los ordenamientos ha mostrado sus límites y sus carencias. La loable ampliación del acceso a la jurisdicción en los Estados sociales y democráticos de Derecho de los últimos decenios no ha podido reflejarse en una articulación óptima y tempestiva de la satisfacción jurídica debido a unos recursos públicos siempre limitados. En este curso no abogamos por reducir la importancia de esta vía de resolución de conflictos, que merece atención específica y una mejor consideración por quienes dirigen las políticas públicas. Pero sí pretendemos situarla en su debida dimensión, tratando de reconocer la significativa importancia de otros cauces que merecen una valoración altamente positiva para la composición de determinados tipos de conflictos.